Impulsar el vehículo eléctrico, reducir las emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes o poner fin de la exploración petrolífera. Son algunas de las medidas clave del anteproyecto de Ley de cambio climático que el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente para facilitar un marco legal que ayude al país a lograr la neutralidad climática y la lucha contra el cambio climático, a más tardar, en 2050.
España alcanzará esta neutralidad climática cuando no sólo haya de dejado de emitir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las mayores responsables del calentamiento global; el otro requisito para llegar a este objetivo científico es que el carbono sobrante en la atmósfera sea también retirado de ésta, por lo que no bastará con rebajar las emisiones a cero. Habrá que hacer uso de mecanismos de captura y absorción de carbono.
Pero lo primero es lo primero: dejar de contaminar mediante la reducción de emisiones entre otros factores, para cumplir con los objetivos del acuerdo de París y así atajar la emergencia climática el anteproyecto propone reducir las GEI en al menos un 20% para 2030. Siempre tomando como referencia los niveles de emisión de estos gases en 1990.
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Neutralidad de emisiones en 2050
La aprobación del anteproyecto ha llegado en un momento clave para transformar el modelo de la economía española: una crisis sanitaria que ha puesto del revés algunos de los principales sectores en los que se apoya la economía del país, como es el turismo.
Al calor de esta debacle, muchos economistas y especialistas del clima han advertido de la necesidad de aprovechar la crisis como una oportunidad para relanzar la economía de manera que no sólo garanticemos la buena salud de la población, sino que también salvaguardemos la salud y el bienestar futuro en un planeta previsiblemente mucho más cálido.
Así, este paso adelante ha sido celebrado por múltiples entidades privadas, si bien es cierto que algunas organizaciones y grupos ecologistas han criticado la “insuficiente” ambición de la propuesta.
Una inversión de 200.000 millones de euros en diez años
El anteproyecto prevé que será necesaria una inversión pública y privada de 200.000 millones de euros a lo largo de la próxima década (2021-2030) para llevar a cabo las medidas que requiere la transición ecológica en materia de clima.
La idea troncal es una estrategia de descarbonización, desfosilizar la producción eléctrica, favorecer la eficiencia energética y el paso de las renovables de forma que este tipo de tecnologías de energía limpia —solar, termoeléctrica, eólica y biomasa, entre otras— llegue a comportar el 35% del consumo final de energía. En cuanto al mix eléctrico, la meta es que el 70% sea de origen renovable.
En paralelo, se prohibirán las nuevas prospecciones de hidrocarburos y de fracturación hidráulica (fracking) para poner fin definitivamente a la era de los combustibles fósiles, lo que no sólo es esencial para atajar el cambio climático sino también para reducir la dependencia energética que tiene España del exterior. Según los datos de 2017, nuestra energía depende en un 74% de las importaciones del extranjero.
Un modelo de transporte limpio
Algunas de las políticas estrella que incluye el anteproyecto se centran en la movilidad sostenible. No es baladí: el transporte en España representa cerca de un 25% de nuestras emisiones totales de GEI.
Por ejemplo, la Ley obligará a instalar zonas de bajas emisiones, como es Madrid Central en la capital, en los núcleos urbanos de localidades de más de 50.000 habitantes. La fecha límite para aplicar esta política es 2023. Para ese año, las ciudades tendrán que ponerse las pilas y dibujar áreas con restricciones a los coches contaminantes. Además, las urbes que ya disponen de este tipo de zonas y que quieran aplicar cambios o revertir restricciones al tráfico deberán contar con la previa aprobación del Ministerio y del órgano autonómico competente para ello. De esta manera, quedarían “selladas” las medidas anti-contaminación en las ciudades, tal y como han hecho otras ciudades de la unión europea, lo que prima el derecho de los ciudadanos a respirar un aire limpio, independientemente del color político de cada gobierno local.
Pero fomentar un modo de transporte favorable para nuestra salud y supervivencia futura también implica facilitar la compra de vehículos eléctricos. La norma busca que en 2050 todo el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté libre de emisiones de CO2.
Adaptar el país a los efectos del clima extremo
No todo es mitigar el calentamiento. También hay un trabajo importante que hacer en cuanto a adaptación. El anteproyecto de Ley contempla reforzar la educación y capacitación sobre los riesgos a los que se expone, sobre todo, la región mediterránea, a consecuencia del cambio climático. Además de educar en este asunto, se espera adecuar aquellos lugares más afectados o potencialmente afectados por la crisis, cosa que se hará con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en la mano.