La Unión Europea se encuentra en un momento de transición ecológica que pasa por abordar los principales desafíos que tiene por delante en cuanto al cuidado del medio ambiente, con la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la gestión sustentable de recursos como los más acuciantes dentro del contexto europeo. Es por eso que hay que regular las normas de residuos para adaptarlas a la nueva situación que ya tenemos encima.
En otros asuntos clave, como pueden ser el acceso a la energía, el agua, la educación y la sanidad (por mencionar solo algunos temas urgentes que se incluyen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas), Europa ya lleva mucho camino recorrido. Sin embargo, lograr un sistema económico bajo en carbono y circular requiere una transformación profunda del modelo de consumo y de producción que predomina en la UE, algo que no es una tarea fácil y requiere de la cooperación de todos los actores implicados: gobiernos, empresas y ciudadanía.
Una forma de transitar hacia una economía que aproveche al máximo el uso de los recursos, reintroduciéndolos en el ciclo productivo una vez hayan llegado al final de su primera vida útil (o sea, reciclando), es a través de una legislación que incentive tanto a empresas productoras como a la industria como a consumidores. Así, dos nuevas directivas en materia de residuos deberán ser transpuestas a los marcos regulatorios nacionales en los Estados miembro de la UE:
- La Directiva 2018/851, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos
- La Directiva 2019/904, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.
Esta última, que tiene de plazo para incorporarse a la legislación nacional hasta julio de 2021, cambiará casi con total seguridad nuestra forma de concebir los plásticos de un solo uso.
Para adaptar ambas normas comunitarias a la regulación estatal, en España se está tramitando un Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que se sometió a consulta pública en 2020. Esta norma revisa y actualiza el régimen jurídico aplicable a los residuos y a los suelos contaminados establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, la cual se deroga, explica en su web el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La nueva ley de residuos, que se tramita desde junio de 2020, implica un cambio en la gestión, que pasará por fortalecer la prevención con la inclusión de objetivos d reducción de generación de residuos, así como medidas para rebajar el volumen de residuos alimentarios (a través, por ejemplo, de las donaciones de alimentos y otros métodos para redistribuir la comida). Una de las novedades que atañen a la recogida es que, tal y como prevé la normativa europea, se establecerá un calendario de recogida separada obligatoria para aquellos residuos que todavía no cuentan con ese sistema (textiles, domésticos, peligrosos, aceites de cocina usados…).
También se adoptarán objetivos de preparación para la “reutilización y reciclado comunitarios” para los residuos municipales (55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en 2035), diferenciando un porcentaje de preparación para la reutilización. Para este punto, se traslada el cumplimiento a las Comunidades Autónomas.
La meta europea para 2020 era que ese año al menos el 50% de los residuos municipales se hubieran reciclado. En España, aunque aún no se conoce el dato oficial del total reciclado, se calcula que no sobrepasa el 35%.
En cuanto a los plásticos de un solo uso, la entrada en vigor del anteproyecto de ley de residuos supondrá la prohibición del uso de cosméticos y detergentes que contengan microplásticos “añadidos intencionadamente”, una decisión que se adelantaría, incluso, a la regulación europea. Además, se prohibirá la distribución gratuita de aquellos artículos de plástico para los que se deja decidir a cada Estado cómo conseguir su reducción. A partir de 2023, estos envases deberán cobrarse con un precio diferenciado y agregado en el ticket de compra. Por otro lado, los recipientes alimentarios de plástico de un solo uso deberán reducirse en un 50% en 2026 y en un 70% en 2030.
A partir de julio de 2021, los plásticos de un solo uso que tengan una alternativa con menor impacto ambiental (es el caso, por ejemplo, de los cubiertos, los platos y los vasos desechables, además de pajitas y bastoncillos) no se podrán comercializar en España.
Para reducir el consumo de agua embotellada —sobre todo en aquellos lugares donde, como Madrid, esta opción no es necesaria— los establecimientos de hostelería estarán obligados a proporcionar agua del grifo de manera gratuita. También se instalarán nuevas fuentes en centros y dependencias públicas.