El concepto de justicia ambiental consiste en entender el medio ambiente como algo común y cuyo cuidado es fundamental para mantener los criterios de igualdad social y económica. Incluye cuestiones como garantizar un equitativo acceso a los recursos naturales y al bienestar asociado a éstos (entre clases sociales y entre zonas geográficas), respetar el derecho de las comunidades autóctonas de decidir sobre si quieren o no seguir adelante con la explotación comercial de esos recursos —a través de proyectos mineros, de canalización del agua o de aprovechamiento de yacimientos de petróleo, entre otros— y preservar la naturaleza y los recursos tal y como los disfrutamos hoy para que puedan ser igualmente disfrutados mañana. Esta sería toda una rama de la justicia ambiental, la justicia intergeneracional.
Cuando estos criterios de justicia no se respetan, florecen los conflictos. Pero ¿existen esos conflictos a día de hoy? ¿Dónde están?
El Atlas de Justicia Ambiental mapea esos litigios ambientales a lo largo y ancho del globo. Con siete idiomas disponibles, esta herramienta sirve tanto a periodistas como a activistas implicados en la causa ecologista, como a personas curiosas con lo que ocurre en el mundo en que viven.
El EJAtlas (Environmental Justice Atlas) sitúa en el mapamundi disputas relacionados con la energía nuclear, la extracción minera, la gestión de residuos, la biomasa y conflictos por la tierra (gestión forestal, agrícola, pesquera y ganadera), los combustibles fósiles y justicia climática o de democratización de la energía, la gestión del agua, la infraestructura y el ambiente construido, el turismo o recreación, los conflictos por la biodiversidad y la conservación o los conflictos industriales o servicios. Para todas estas categorías, se pueden encontrar cientos de experiencias de resistencia. Por ejemplo, la que oponen los pueblos originarios a la destrucción del sitio sagrado Tacushcalco y la contaminación del río Ceniza, en El Salvador. “Tacushcalco es un lugar sagrado náhuat en El Salvador que ha resistido al saqueo cultural y ambiental. Es atacado por inmobiliarias y por la industria cañera”, resume el EJAtlas en su web.
Al hacer click sobre uno de los puntos donde se ubica un conflicto de justicia ambiental, el usuario puede leer un pequeño resumen de la problemática, y pinchar en “ampliar información” si se quiere conocer a fondo el caso concreto.
Tal y como muestra el mapa, las historias de lucha por la justicia ambiental están muy presentes en el continente latinoamericano, y también en el sudeste asiático, donde la rica biodiversidad que todavía caracteriza la región puede resultar especialmente tentador al extractivismo. Sin embargo, Europa no se libra de estas batallas.
En España se han registrado hasta 86 conflictos relacionados con incineradoras e infraestructuras para la obtención de energía eléctrica y combustibles fósiles, minería, proyectos urbanísticos, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y sobre la conservación de la biodiversidad, tal y como reconoce el Ministerio para la Transición Ecológica en su web. Es, con los datos de este mapa, el décimo país con más problemas en torno a cuestiones ambientales. El primero, con 342 litigios contemplados en la plataforma, es India, seguido de Brasil (172), China (148), Estados Unidos (145), México (130), Colombia (129), Perú (96), Indonesia (87) y Nigeria, con el mismo número de batallas que España.
Por ejemplo, uno de los proyectos que en España han suscitado controversia y oposición es el de la apertura de una mina de litio proyectada en Cáceres. “A 800 metros del núcleo urbano de la ciudad de Cáceres, capital de la provincia de Extremadura con alrededor de 96.000 Habitantes y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, la empresa Tecnología Extremeña del Litio SLU, filial de una empresa conjunta promovida por las empresas Valoriza Minería (filial de Sacyr SA) y Plymouth Minerals Ltd (que cambió de nombre para llamarse Infinity litio Corporation), quiere llevar cabo un proyecto de mina de litio a cielo abierto. Este proyecto de 412 hectáreas (podría extenderse luego hacia las 1.175 ha) prevé una zona de extracción de 1.100 metros de diámetro y 500 metros de profundidad, una planta de beneficio con un horno para el proceso de tostado ácido, una balsa de evaporación para el lavado de los minerales y 290 hectáreas para depositar los residuos”, explica la plataforma.
La base de datos se construye con ayuda de fondos europeos. En ella trabaja un equipo de expertos internacionales, de 23 universidades, así como organizaciones de justicia ambiental presentes en 18 países. Todo este trabajo se coordina por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), bajo la dirección del economista y especialista en historia económica Joan Martínez Alier.