España, un país especialmente expuesto a los impactos del cambio climático y debe cambiar de modelo económico si quiere afrontar los retos ambientales que nos acucian. La subida del nivel del mar, el aumento de las temperaturas y la escasez de agua amenazan tanto a la población costera e insular como al sector turístico, uno de los principales motores de la economía española, y otros sectores productivos, como es el caso del vitivinícola, que también “observan con preocupación el aumento de temperaturas y la mayor aridización del campo”. Para ello es necesario generar acciones para un futuro sostenible.
Así se desprende del último informe sobre la Sostenibilidad en España en 2018, el tercero que elabora la Fundación Alternativas para ofrecer una radiografía completa de la situación actual y proyectada para los próximos años en relación a los grandes retos ambientales presentes y futuros. Este informe se elabora con la colaboración de Ecoembes.
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España debe responder a los retos climáticos
Si queremos saber cómo será el futuro de España debemos repasar la reacción de España -tanto cómo ha respondido en el pasado como de qué manera deberá actuar en cada posible escenario- frente al ascenso de temperaturas extremas, la subida del nivel del mar o la desertificación, fenómenos todos ellos ligados al cambio climático antropogénico.
La publicación de la Fundación Alternativas constata que, lejos de atajar los problemas medioambientales, España les ha dado baja prioridad, lo que ha llevado al país a ser el que más infracciones de la Unión Europea tuvo en materia ambiental en 2017. Se trata de un ranking que España suele encabezar, ocupando o bien el primer puesto o bien el segundo. Esto, a juicio de esta organización, se debe a la “baja prioridad política que ocupan los objetivos ambientales en nuestro país y la correlativa sensibilidad en la población que tales prioridades manifiesta” así como al propio sistema de gobernanza, “caracterizado, por razones históricas, en la unilateralidad de la decisión”.
Migraciones climáticas, empleo verde y agua
Pero, además de las infracciones todavía abiertas, España tiene otros asuntos ambientales de los que preocuparse. Entre otros, el doctor en cambio climático y migraciones Jesús Marcos Gamero advierte sobre el riesgo de pobreza asociado a las migraciones climáticas que ya se están produciendo y que -se estima- pueden llegar a suponer que en 2050 nada menos que 143 millones de personas de África subsahariana, Asia meridional y América Latina tengan que desplazarse internamente a consecuencia de los efectos del calentamiento global, según calculó este año el Banco Mundial.
Pero -agrega Gamero- hay que tener en cuenta que “no sólo migran las personas, migran también sus circunstancias, y la pobreza es quizás una de las más importantes que se acarrean”. Así, este experto reclama la necesidad de concebir el cambio climático como un hecho social, el primer paso para comprender el fenómeno venidero y urgente de las migraciones climáticas.
El Empleo verde es el futuro
Por su parte, la consultora en transiciones socioambientales Laura Martín y la ex coordinadora de sostenibilidad de la Fundación Alternativas, Ana Belén Sánchez, ponen el foco en los beneficios de la creación de empleo verde sobre la reducción del consumo de energía y de materias primas, de la emisión de gases de efecto invernadero, de la generación de residuos y de la contaminación.
“Debido a las graves deficiencias en términos de empleo de la economía española, emprender la transformación de los sectores económicos españoles para adaptarlos a los límites ecológicos en España tiene que llevar un análisis profundo sobre qué elementos pueden ser más interesantes para la creación de empleo, tanto en términos de cantidad como de calidad”, exponen.
“El enverdecimiento tiene que generar un tejido productivo que cree más y mejores empleos -precisan- y que revierta tendencias actuales: el 91% de los puestos de trabajo generados en términos netos se ubican en actividades de contenido tecnológico bajo, la rotación de trabajadores y puestos, la devaluación salarial y de desigualdad”.
Estas especialistas sostienen además que en algunos sectores como, por ejemplo, el automóvil, las consecuencias de no desarrollar a tiempo políticas industriales de transición adecuadas, pueden tener impactos “significativamente negativos” sobre el empleo y argumenta por otra parte que, “de manera inexplicable”, tampoco se está prestando suficiente atención a los impactos sobre el empleo que tendrán la industria 4.0 y la digitalización de la economía.
En materia de agua -otro de los grandes retos para la sostenibilidad en un país con sequía estructural- la investigadora del CEIGRAM Ivanka Puigdueta y la Catedrática de Economía Agraria de la UPM, Isabel Bardají, aseveran que este recurso se ve negativamente afectado tanto por las actuales prácticas agrarias como por la creciente inestabilidad climática.
Consideran que, aun así, la integración de las cuestiones ambientales en las políticas agrarias ha sido “ampliamente deficiente” en España. Las expertas escriben: “La última reforma de la PAC, de donde parten las políticas en los Estados miembros, resultó ser mucho menos ambiciosa de lo que pretendía ser. Lamentablemente, su incorporación en el ámbito nacional contribuyó a la merma del alcance de los instrumentos diseñados. El nuevo pago ecológico fue ideado para aunar los incentivos que redujesen las externalidades negativas producidas por las actividades agrarias y fomentasen una transición coherente hacia la coexistencia del sector con el respeto a los límites planetarios”.
Finalmente, las especialistas concluyen que en España el pago ecológico “no ha servido para aumentar el grado de aplicación de las prácticas que pretende fomentar”, pues la superficie agraria en la que se siguen estas prácticas es la misma que antes de la reforma. Por el contrario, “la nueva estructura de pagos ha favorecido el mantenimiento del status quo, un sistema de pagos histórico en el que ni quien más se esfuerza por conservar el medio ambiente es recompensado ni quien contamina paga”, aducen.
Proponen en cambio apostar por el fomento de prácticas agrarias beneficiosas para con el cambio climático y la gestión de los recursos hídricos, así como de una serie de cambios estructurales, basándose las políticas públicas en el principio de precaución y una visión de sistema y a largo plazo. “Estos cambios están relacionados con la insostenibilidad de la dieta actual y la gestión de los residuos agroalimentarios: la transición hacia un modelo basado en un menor consumo de proteína animal integrado en la economía circular proporcionaría el primer paso hacia la sostenibilidad”. “La relocalización de los sistemas agrarios contribuiría a este fin, favoreciendo el cierre de ciclos y la eficiencia en el uso de materiales y energía”, sentencian.