Defender el territorio no solo implica una inversión voluntaria de tiempo y de recursos materiales (dinero, sobre todo) de una persona. En algunos lugares puede llegar a costarle a uno la vida. El riesgo, que es especialmente acuciarte en Latinoamérica, se vuelve cada vez mayor. En 2019, un total de 212 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas, según el informe anual que publica la organización Global Witness. El número de asesinatos, por desgracia, un récord histórico.
La crisis climática, apunta Global Witness, es una de las causas de este empeoramiento en las cifras. Desde el Acuerdo de París en diciembre de 2015, una media por semana de cuatro ecologistas defensores de la tierra han sido silenciados por la fuerza (arrestos, amenazas de muerte, demandas judiciales, ataques violentos…).
Por sectores, la minería es el que presenta mayores riesgos para quienes se oponen a estos proyectos para conservar lo suyo (y lo de todos): el agua, la flora, la fauna, la tierra, la cultura. En 2019, el extractivismo fue el sector más letal, con 50 activistas ambientales asesinados. Le siguió la agroindustria, con 34 asesinatos. La industria agrícola es especialmente violenta en los países asiáticos, donde se produjeron el 80% de los casos de violencia contra activistas (24 personas fallecieron en 2019 a causa de estas punas por la tierra).
Los datos muestran así una desigualdad geográfica, con América Latina como el continente más peligroso para luchar por proteger la vida, la tierra y el medio ambiente. Es así desde que Global Witness comenzara a recopilar y analizar esta información, en 2012. Latinoamérica concentra ahora más de dos tercios de los asesinatos de activistas y ecologistas. Siete de los 10 países más letales se encuentran en esta región. Son: Colombia, Brasil (allí, casi el 90% de las muertes se dieron en la Amazonía), México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua. Los otros tres países de entre los 10 más mortíferos son Filipinas, Indonesia y República Democrática del Congo.
Solo Colombia y Filipinas acapararon más de la mitad de los homicidios a activistas producidos en 2019. Colombia fue el peor escenario para los ecologistas, con 64 asesinatos. “La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado varias razones por las que la ola de violencia ha incrementado, entre ellas, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo la reforma agraria y los programas para incentivar el cambio de cultivos ilegales a cosechas legales”, alega el informe, que añade que “los movimientos resultantes de las dinámicas de poder interno están impulsando una mayor violencia”.
En Filipinas, por otro lado, se produjeron 43 asesinatos. “Desde el 2018, Filipinas se ha vuelto cada vez más mortal para los activistas, y ha sido constantemente señalado como uno de los peores lugares en Asia por sus ataques a defensores”, aseguran los especialistas de Global Witness, y advierten de que este aumento podría estar impulsado por el “implacable desprestigio de las personas defensoras por parte del gobierno, así como la impunidad generalizada de sus atacantes”.
Violencia contra pueblos indígenas y mujeres
En general, los datos revelan una actitud violenta racista y colonialista por parte de los proyectos industriales que los ecologistas intentan frenar. Las comunidades autóctonas (nativas) y las comunidades indígenas siguen siendo las más afectadas por este tipo de ataques. Representan el 40% de los ataques letales entre 2015 y 2019, a pesar de que a día de hoy apenas son el 5% de la población mundial.
Otra desigualdad que se refleja en los ataques es la de género.
“A menudo, las mujeres son la columna vertebral de su comunidad y tienden a asumir mayor responsabilidad de cuidado de la niñez y familiares mayores, a la vez que tratan de ganarse la vida y trabajar como activistas”,
se explicita en el informe. “Las mujeres que actúan y alzan la voz pueden también enfrentar amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Si otros miembros de su hogar son defensores, también pueden convertirse en objetivos”. Algunas mujeres asesinadas que han pasado a la Historia por proteger la naturaleza son Berta Cáceres o Lesbia Yaneth Urquía, ambas mujeres hondureñas.
¿Tiene solución?
Desde Global Witness recomiendan escuchar a estas personas que ponen su vida en riesgo por salvaguardar el futuro de la humanidad, e incitan a la opinión pública a “presionar a los que están en el poder (empresas, financiadoras y gobiernos) para abordar las raíces del problema, apoyar y proteger a los defensores, y crear normativas que garanticen que los proyectos y operaciones se lleven a cabo con debida diligencia, transparencia y consentimiento previo, libre e informado”.
Una de las formas de hacerlo, insisten, es apoyando la lucha de estos pueblos y haciendo responsables a las empresas que llevan a cabo “prácticas irresponsables” dentro de industrias donde se produce la mayor parte de los ataques: la agricultura masiva e industrial, la minería y la tala. Del mismo modo, señalan a las empresas que pueden no estar involucradas directamente en estos negocios, pero sí indirectamente, pues ayudan a financiarlos. A estas entidades, la organización insta a tomar medidas “para garantizar que sus operaciones no dañen nuestro medio ambiente ni a quienes se levantan para protegerlo”.