El Tribunal de Cuentas Europeo ha dado la voz de alarma. La importancia real de la contaminación del aire aún no se refleja en las normas europeas. Este organismo de la Unión Europea ha analizado las políticas orientadas a reducir la emisión de contaminantes atmosféricos en los Estados miembros, y ha concluido que las medidas no son lo suficientemente estrictas.
Algunas de estas normas europeas se establecieron hace casi veinte años, advierte el Tribunal en su informe “Contaminación atmosférica: Nuestra salud no tiene todavía la suficiente protección”, y señala que, además de tener una legislación que no es lo suficientemente estricta en materia de calidad del aire, la mayoría de Estados miembro no ha cumplido con ella.
“La contaminación supone el mayor riesgo medioambiental para la salud en la UE” -recuerda este organismo- y es responsable de más de 400.000 muertes prematuras al año en los países de la UE. Además, supone un coste externo asociado a la salud valorado en cientos de miles de millones de euros anuales (la cantidad estimada oscila entre los 330.000 y 940.000 millones de euros).
Pese a que los datos son públicos desde hace años -la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la Comisión Europea calcularon estas cifras en 2014 y 2013, respectivamente-, los ciudadanos europeos siguen respirando un aire que es nocivo, y una de las causas es que las directivas no reflejan el coste humano y económico de la polución del aire, asevera el Tribunal.
La mayoría de Estados miembros, por su parte, no ha cumplido con la Directiva sobre calidad del aire ambiente (Directiva 2008/50/CE). En 2016 trece Estados, entre los que se incluye a España, sobrepasaron los valores límite fijados para las partículas sólidas (PM); diecinueve, los correspondientes al dióxido de nigrógeno (NO2); y uno, los establecidos para el dióxido de azufre (SO2). Los únicos que no infringieron ningún límite fueron Estonia, Irlanda, Chipre, Letonia, Lituania y Malta.
Tabla de contenidos
Origen de la contaminación
Los contaminantes atmosféricos son emitidos sobre todo por la calefacción de los hogares, el transporte por carretera y sectores como la energía, la industria y la agricultura. Su repercusión sobre la salud humana pasa por aumentar las posibilidades de sufrir un íctus, así como de contraer enfermedades respiratorias, pulmonares, cardiovasculares, hepáticas y hematológicas.
Además de los ya mencionados (partículas sólidas, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre), también son contaminantes el ozono troposférico, que se origina a ras del suelo a consecuencia de la reacción química de contaminantes en presencia de la luz solar; y las partículas finas (PM2,5), emitidas sobre todo por la calefacción doméstica y potenciadoras del riesgo de íctus.
Progresos insuficientes
El informe destaca no obstante que en los últimos años se han reducido las emisiones totales de estos contaminantes atmosféricos, si bien la AEMA y la OMS advierten de que ello no quiere decir que se reduzca similarmente la concentración de los mismos. El ejemplo que ofrece la AEMA es que, tal vez los coches emiten ahora menos contaminantes pero, en paralelo, aumenta el uso de automóviles. “Por tanto, hace falta aplicar medidas específicas en zonas pobladas para reducir las concentraciones de contaminantes atmosféricos, puesto que la exposición humana, especialmente a PM y NO2, sigue siendo elevada”.
Y es que la contaminación atmosférica es sobre todo notable en las zonas urbanas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que entre 2009 y 2011, hasta el 96% de los habitantes de las ciudades estuvo expuesto a concentraciones de partículas finas en suspensión (PM 2.5) superiores a los límites de la OMS. Asimismo, hasta el 98% estuvo expuesto a niveles de ozono (O3) por encima de los recomendados.
Soluciones propuestas
Ante este panorama, el Tribunal de Cuentas Europeo recomienda a la Comisión Europea que refuerce sus políticas, así como que se revise la financiación a los proyectos europeos, pues aunque “la financiación directa de la UE para la calidad del aire puede ser de utilidad” los proyectos elegidos no han estado siempre bien orientados, a juicio del Tribunal, salvo excepciones como los del programa LIFE.
Por otra parte, el Tribunal detecta que los Estados miembros también podrían mejorar su forma de aplicar las normas europeas, con medidas propias enfocadas a la coordinación de las políticas y de la información pública.